Cobertura sobre nuestra carta a la OCDE publicado en El Confidencial:
Amsterdam & Partners intensifica su ofensiva contra la Agencia Tributaria española al recurrir a la OCDE
El despacho de abogados Amsterdam & Partners ha intensificado su ofensiva contra la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), recurriendo directamente a los órganos de la OCDE para desacreditar a la AEAT en los foros internacionales.
El núcleo de la denuncia es el presunto uso abusivo de los datos del Estándar Común de Reporte (CRS) —promovido por la OCDE— contra personas acogidas al régimen fiscal de expatriados.
Según el despacho, estos datos han sido utilizados «no para abordar incumplimientos reales, sino para reabrir casos cerrados, ignorar resoluciones jurídicas previas y construir obligaciones retroactivas contra contribuyentes que actuaron de buena fe».
Graves acusaciones: coerción y discriminación
Una de las acusaciones más graves es el uso de información financiera como herramienta coercitiva. La carta afirma literalmente:
«Numerosos contribuyentes acogidos al régimen de expatriados han declarado que inspectores de la AEAT les dijeron: “Si no acepta llegar a un acuerdo, remitiremos el asunto al Ministerio Fiscal.”»
En opinión del despacho, estas amenazas se formulan sin pruebas de fraude y sin recabar la autorización previa de las jurisdicciones que facilitaron la información en virtud del CRS, vulnerando el artículo 22 del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes (AMAC).
Los abogados denuncian asimismo un patrón de discriminación sistemática contra los no nacionales:
«La AEAT ha llevado a cabo inspecciones discriminatorias dirigidas a ciudadanos extranjeros, principalmente de la UE, EE. UU. y el Reino Unido.»
Este trato diferencial, sostienen, vulnera el artículo 21.2.f) del AMAC y el artículo 24 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE.
De la cooperación a la instrumentalización
Amsterdam & Partners alega ante la OCDE que España ha convertido un mecanismo de cooperación internacional en «una herramienta de inteligencia» y en «una expedición de pesca abusiva», incumpliendo los principios de relevancia previsible y confidencialidad del AMAC.
Describen el sistema como uno que «sencillamente no cumple su finalidad», en el que «un grupo de inspectores mal pagados logra percibir un salario digno a costa de sus conciudadanos», generando «incentivos perversos para la mala fe y la corrupción en todo el sistema».
La carta sostiene que España vulnera no solo la legislación interna, sino también el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), el Derecho de la UE y «los principales instrumentos jurídicos de la OCDE», entre ellos el AMAC, el CRS y el Modelo de Convenio sobre la Renta y el Patrimonio.
Revocaciones retroactivas y amenazas penales
El punto más llamativo llega al final: una recomendación de «suspensión inmediata del uso retroactivo de los datos del CRS» y una advertencia a otros países:
«La OCDE debe emitir una advertencia a los países que comparten información fiscal con España, en cumplimiento de las obligaciones convencionales y en respuesta al abuso sistémico y continuado por parte de España de las disposiciones de confidencialidad.»
La carta denuncia asimismo la revocación retroactiva de certificados oficiales al amparo del régimen Beckham, vulnerando el principio de confianza legítima. Señala también la apertura de inspecciones años después de que los contribuyentes hubieran presentado sus declaraciones conforme a la Ley Beckham y obtenido certificaciones formales de elegibilidad.
La respuesta de Hacienda
En el seno de Hacienda y entre los inspectores de la AEAT, las actuaciones del despacho son consideradas difamatorias y parte de una campaña de relaciones públicas destinada a preparar reclamaciones legales en nombre de clientes no identificados.
La Inspección de Hacienda del Estado (IHE) respondió:
«No somos ajenos a los problemas que en ocasiones surgen en la aplicación del sistema tributario. No somos infalibles —como cualquier profesión—, pero elegimos este trabajo porque servir a nuestro país está por encima de todo lo demás. […] No vamos a aceptar ni a tolerar el insulto, el desprecio y el descrédito que estamos sufriendo en estos momentos.»
La IHE añadió:
«Es intolerable que unos pocos, en busca de la fama y la publicidad que de otro modo nunca alcanzarían, pongan en su diana a una institución que pertenece a todos los españoles con el único fin de insultarla.»
Citaron asimismo a la inspectora de la AEAT Gemma Martín Meléndez, quien, en su blog No Solo Impuestos, calificó la campaña del despacho de «grotesca y ridícula»:
«Incluso sospecho que esos informes pueden haber sido redactados por un programa de inteligencia artificial, de esos que constantemente comete errores e inventa cosas», escribió.
Denuncia formal ante la OCDE
El despacho de Robert Amsterdam remitió una carta formal al Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, con copia a Manal Corwin, Directora del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE.
En la carta, el despacho solicita la presentación de una denuncia formal y la apertura de una investigación contra España por «violaciones sistemáticas y crecientes de los estándares de la OCDE».
Argumentan:
«La conducta de la AEAT amenaza con socavar la legitimidad y la sostenibilidad del sistema tributario internacional que la propia OCDE ha construido.»
Cinco solicitudes formales a la OCDE:
- Una revisión formal por parte del Comité de Asuntos Fiscales (CAF) de la OCDE.
- Una investigación formal sobre el uso de los datos del CRS por parte de España.
- La remisión de España al Foro Global para evaluar los estándares de confidencialidad y debido proceso.
- La emisión de directrices interpretativas que prohíban el uso retroactivo de los datos del CRS contra expatriados.
- La suspensión inmediata del uso retroactivo de datos y una advertencia a otros países.