Hoy en El Mundo, una entrevista con Robert Amsterdam.
Con una fama forjada en litigios globales de alto perfil, el abogado canadoestadounidense ha dirigido su artillería jurídica y mediática contra la AEAT con una serie de anuncios que pretenden «informar a personas que ya están afectadas o que estén considerando una decisión potencialmente desastrosa de trasladarse a España» sobre «los riesgos y peligros existentes».
«No es una ofensiva. Es una campaña de concienciación. Hemos solicitado reuniones con el Gobierno español, que pretendíamos utilizar para promover reformas -un ámbito en el que contamos con experiencia-, pero sin éxito», recalca. Su intención es mostrar «cómo el sistema de incentivos y bonus de la AEAT pervierte los procedimientos y los resultados para los contribuyentes». A su entender, «España es un caso extremo en materia de derechos del contribuyente. En todos los niveles, desde los ministros hacia abajo, se dejan de lado los controles, los equilibrios y la rendición de cuentas en la carrera por obtener una recaudación cada vez mayor». Quiere poner el foco «sobre los poderes ilimitados e ilegítimos de Hacienda» para «atacar no solo a empresas nacionales, sino también a individuos y empresas extranjeras».
El relato que traza es inquietante: despachos de abogados que no quieren representar a ciertos contribuyentes por temor a represalias; afectados abandonados por sus propios asesores; inspecciones que se convierten en «procesos de desgaste psicológico y económico…». «El mundo tiene derecho a saber lo peligrosa que es realmente la administración tributaria española», recalca. «Presentaremos pruebas específicas de vulneraciones flagrantes de las normas y leyes de protección de datos. Demostraremos cómo se han utilizado Reales Decretos para imponer nuevas obligaciones administrativas en materia tributaria sin el debido control democrático. Mostraremos cómo los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva se ven frustrados por la propia estructura de los tribunales económico-administrativos, que carecen de independencia, tal y como declaró el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso Santander. Estos tribunales son incompatibles con los principios básicos de legalidad», asegura.