El abogado internacional Robert Amsterdam ha vuelto a poner el foco sobre la Agencia Tributaria española con una carta dirigida a su directora general, Soledad Fernández, en la que acusa al organismo de “engañar a los españoles” y de ocultar la verdadera magnitud del sistema de incentivos económicos que perciben los inspectores de Hacienda en función de lo que recaudan.
Según Amsterdam, el modelo vigente fomenta que los funcionarios compitan entre sí por incrementar los ingresos fiscales, ya que de esa recaudación depende el acceso a bonificaciones tanto para ellos como para sus equipos. En sus propias palabras: cuanto más pierde el contribuyente, más ganan ellos.
Las cifras que maneja el abogado son reveladoras: en 2024, la Agencia abonó más de 280 millones de euros en primas y gratificaciones a su personal, y en 2025 la dirección y los sin dicatos habrían acordado un bonus extraordinario de 125 millones de euros destinado a incentivar que la recaudación por IRPF e IVA crezca por encima del ritmo de la economía.
Frente a la posición oficial de Hacienda, que sostiene que apenas el 1,4% de la remuneración de los inspectores está ligado a la recaudación, Amsterdam niega esa cifra y denuncia que las preguntas de su equipo sobre el sistema de primas han topado con “un muro de opacidad”.
El abogado también aporta una perspectiva comparada: en la última década, la recaudación tributaria en España habría crecido tres veces más rápido que la media de la OCDE, y afirma que ninguna otra administración tributaria comparable dispone de un sistema de primas semejante.
Para Amsterdam, este modelo no es una mera irregularidad administrativa, sino el pilar de una estructura de coerción que obliga a los contribuyentes a pagar impuestos, intereses y sanciones mucho antes de que puedan acceder a una revisión justa e independiente.
Estas denuncias se enmarcan en la ofensiva legal e institucional que Amsterdam & Partners viene desarrollando desde la publicación de su informe “Hacienda contra el pueblo”, que documenta los presuntos abusos sistemáticos de la AEAT contra ciudadanos extranjeros acogidos a la Ley Beckham.