A continuación se incluye un extracto de la última columna de Robert Amsterdam publicada en El Confidencial:
El inspector no necesita tener razón. Solo debe encontrar tal razón a posteriori o, si no la hay, acusar al ciudadano de simulación y construir un relato alternativo que además gozará de presunción de veracidad. A partir de ahí, será el acusado quien tenga que demostrar su inocencia de unos cargos que no entiende –generalmente porque no existen–: Hacienda pierde juicios casi a diario.
El Manual práctico del IRPF parece una anécdota, pero es un instrumento de poder cuya función es enviar un mensaje claro: que el terreno de juego picará siempre cuesta arriba para el contribuyente y que la administración cuenta con la potestad de reinterpretar o cambiar las normas a mitad de partido de manera arbitraria. Son dos mil páginas de separación entre un ciudadano inerme y una Agencia Tributaria todopoderosa que cuenta con todo el tiempo, todos los recursos y toda la paciencia del mundo.
Tal complejidad deliberada hace que cumplir correctamente con Hacienda se haya convertido en una tarea hercúlea para muchos. Si quieres seguridad jurídica y un mínimo de tranquilidad, tendrás que pagar a un asesor o a una gestoría para que te guíen por el laberinto. Y en España se cree que esta administración absolutamente hostil es algo normal. Son las consecuencias de décadas de abuso emocional: ningún otro país de la OCDE funciona así.
Entre tanto, la Agencia Tributaria desliza uno de sus siniestros recordatorios: el contribuyente seguirá siendo culpable aunque su declaración del IRPF la haya hecho un experto. Efectivamente, incluso con ayuda profesional, nadie puede garantizar que no haya una lectura alternativa, una interpretación distinta o un criterio cambiante que acabe volviéndose en su contra.