A continuación, un extracto de un contundente artículo de opinión escrito por Ignacio Ruiz-Jarabo, ex director de la Agencia Tributaria, en el que sostiene que la AEAT ha dado respuesta suficiente a las graves cuestiones que plantea la campaña de denuncia Carteristas Fiscales.
Y en este entorno, acabamos de conocer la carta con la que la directora general de la Agencia Tributaria se dirige a todos los empleados de la institución para referirse a las denuncias formuladas por el despacho Amsterdan & Partners. En mi opinión, no son pocas las cuestiones desafortunadas que figuran en el texto pero a fin de evitar ser prolijo me referiré solo a algunas.
Empieza la directora reseñando que los anuncios y comunicaciones que el despacho ha emitido a través de medios de comunicación han sido mediante el correspondiente pago. ¿Y? Acaso la AEAT no gasta abundantes cantidades de dinero -en este caso, público- en campañas de autopromoción que, por cierto, no siempre le salen bien. Recordemos la reciente “Los impuestos siempre vuelven” con imágenes de inundaciones que tuvo que retirar a los pocos días del inicio de su emisión por coincidir con la dramática Dana que asoló a Valencia y a provincias limítrofes. De modo que denunciar el uso de la publicidad pagada con recursos privados por parte de una institución que hace lo mismo, pero con fondos públicos es aquello de ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio.
Es tremendo que un 30% de impugnaciones le parezcan pocas, máxime cuando el sistema legal incentiva económicamente la no impugnación al reducirse la sanción si la liquidación no es impugnada
A su vez, escudándose en un nacionalismo rancio y no carente de hipocresía, continúa la directora de la AEAT afirmando que las acusaciones de Amsterdam & Partners se dirigen contra la AEAT “y, por extensión, contra España”. Hasta ahí podíamos llegar, afortunadamente la Agencia Tributaria no es España, sino un organismo público que el actual Gobierno español está utilizando para acosar de manera extrema a los contribuyentes españoles, que ellos sí son España.
Prosigue la directora negando que exista demasiada litigiosidad en las actuaciones de la AEAT relativas a la aplicación del régimen de impatriados manifestando que “únicamente el 30% de las comprobaciones ha sido objeto de reclamación o recurso”. Es tremendo que un 30% de impugnaciones le parezcan pocas, máxime cuando el sistema legal incentiva económicamente la no impugnación al reducirse la sanción si la liquidación no es impugnada.
Con todo, puede que lo más grave sea lo que se dice en la carta al referirse a las retribuciones variables de los funcionarios de la AEAT en tareas de inspección. Alude la directora a que en la mayoría de los países de la OCDE sus administraciones tributarias funcionan con “sistemas de retribución variable por cumplimiento de objetivos”. Afirmar tal cosa para contraponerla a la crítica social existente en España -mucho antes de que lo dijera Amsterdam & Partners- al hecho de que la retribución variable de los inspectores de Hacienda esté básicamente ligada al importe de las deudas liquidadas que se derivan de sus actuaciones es una evidente manipulación de conceptos.