Amsterdam & Partners LLP ha leído con preocupación el comunicado emitido el 25 de mayo de 2026 por la Asociación del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) de España, en el que este colectivo se presenta como una suerte de parte agraviada frente a la crítica ciudadana. Conviene recordarlo con toda claridad: los depredadores no son víctimas. Un cuerpo funcionarial dotado de potestades exorbitantes —entradas, embargos, sanciones y regularizaciones de impacto patrimonial inmediato sobre familias, profesionales y empresas— no puede disfrazarse de parte débil cuando los contribuyentes y la sociedad civil señalan disfunciones, excesos y abusos contrastados en su actuación.
Resulta especialmente revelador que el comunicado eluda un hecho público y notorio: una organización que negocia bonos y complementos retributivos basándose, en parte, en cuánto dinero pueden recaudar sus miembros de los contribuyentes —correcta o incorrectamente— no está en posición de involucrarse en críticas públicas frente a quienes la fiscalizan, sino en responsabilidades colectivas por las liquidaciones masivamente anuladas en vía económico-administrativa y judicial, por los procedimientos sancionadores reprochados por los tribunales y por la opacidad de los objetivos internos de recaudación que condicionan la carrera profesional de sus asociados. Una administración tributaria moderna se defiende con transparencia y rendición de cuentas, no descalificando como “ataque” el ejercicio legítimo de la crítica en un Estado social y democrático de Derecho.
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