Londres, 24 de agosto de 2026.
Robert Amsterdam, al hilo del actual debate sobre la fecha en que se sitúa el Día de la Liberación Fiscal en España, declara lo siguiente:
“Todo este debate pasa por alto una cuestión fundamental. Bajo la administración tributaria de Hacienda, ningún contribuyente español llega a liberarse jamás. Durante los últimos 18 meses hemos venido denunciando las graves vulneraciones de los derechos de los contribuyentes que se producen en España en su perjuicio, a través del sistema de bonus, de la obligación de pagar íntegramente las liquidaciones tributarias antes de poder recurrirlas y de numerosas otras prácticas abusivas que exponemos en nuestro libro Hacienda y el Estado dual: hechos, análisis y una llamada a la acción para proteger los derechos de los contribuyentes.”
Amsterdam subrayó el carácter excepcional de la administración tributaria española: “Aunque muchos países están inmersos en debates similares sobre los tipos impositivos y la progresividad en frío, desde el punto de vista de la administración tributaria no hay ningún país comparable a España. España vulnera de forma escandalosa los principios de la OCDE y el Derecho internacional.”
Este despacho considera esencial que el actual debate incorpore una reflexión rigurosa sobre la administración tributaria española. Tal reflexión no se está produciendo, entre otras razones porque algunos de los principales interesados —los profesionales tributarios— quedan excluidos del debate sobre las numerosas deficiencias del sistema por temor a represalias. El temor legítimo que los contribuyentes españoles sienten ante Hacienda no puede quedar al margen de un debate que hasta ahora se ha centrado principalmente en la política fiscal.
En ningún ámbito resulta más evidente esta disfunción que en el trato dispensado a los contribuyentes que pretenden impugnar liquidaciones de Hacienda. Los inspectores reciben incentivos mediante un opaco sistema de productividad vinculado a la recaudación obtenida, incluso cuando posteriormente se demuestra que sus liquidaciones eran incorrectas. Mientras tanto, los contribuyentes que desean recurrir esas mismas liquidaciones están obligados a pagar primero y recurrir después. El hecho de que Hacienda termine perdiendo la mayoría de los procedimientos judiciales entablados contra ella no hace sino poner de manifiesto hasta qué punto el sistema se ha alejado de cualquier noción reconocible de equidad o garantías.
La actuación de Hacienda ejerce un efecto disuasorio sobre el crecimiento de las pymes, algo que se refleja en las estadísticas de la Unión Europea que comparan la evolución de las pequeñas y medianas empresas en el conjunto del Mercado Único. Los datos muestran asimismo que la inversión extranjera directa (IED) ha disminuido de forma significativa durante los últimos años, pese al repunte registrado en el primer trimestre de 2026. Aunque existen múltiples causas que pueden explicar esta evolución, hay indicios sólidos de que algunos inversores extranjeros consideran que el Estado de derecho ha dejado de funcionar de manera fiable en España en materia tributaria. No hablamos de tipos impositivos. Hablamos del Estado de derecho. El crecimiento de las pymes y la inversión extranjera directa son dos pilares fundamentales para el crecimiento de la economía. Y una economía en crecimiento es la única manera de evitar que el Día de la Liberación Fiscal se retrase cada vez más.
Este no es un debate sobre cuánto pagan los contribuyentes. Es un debate sobre si son tratados como ciudadanos con derechos o como una fuente cautiva de ingresos a la que se puede exprimir bajo la amenaza de represalias.
Hasta que no se afronte esa cuestión, no podrá decirse que ningún español haya alcanzado la liberación fiscal, sea cual sea la fecha que arrojen los cálculos.
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