A continuación se incluye un extracto del artículo publicado en el diario La Región.
Robert Amsterdam es, desde hace más de 20 años, uno de los abogados más incómodos para los gobiernos que cruzan la línea entre la ley y el abuso. El nombre del fundador y socio director de Amsterdam & Partners aparece en expedientes judiciales de medio mundo, siempre en el mismo lugar: del lado de quienes denuncian que el Estado utiliza su poder fiscal, regulatorio o penal para destruirlos. Para sus detractores es un agitador; para quienes lo contratan, el defensor contra sistemas injustos, arbitrarios y diseñados para aplastar al ciudadano cuando se vuelve incómodo, algo de lo que el propio abogado estadounidense hablará el próximo jueves día 10 en su visita al Foro La Región en el arranque de la nueva temporada.
Su reputación comenzó a forjarse en Rusia, en la defensa de Mijaíl Jodorkovski, el fundador de Yukos. Cuando el Kremlin lanzó contra él una ofensiva fiscal y penal que terminó con la expropiación de la petrolera y su encarcelamiento, Amsterdam denunció que aquello no era un litigio tributario, sino una operación política. Su estrategia combinó la vía jurídica con una ofensiva internacional que logró situar el caso en el centro del debate global sobre el uso del sistema fiscal como arma de represión. Años después, el Tribunal Permanente de Arbitraje condenó a Rusia a pagar miles de millones de dólares a los accionistas de Yukos, una victoria que consolidó la imagen de Amsterdam como abogado capaz de enfrentarse a un Estado y ganar.
En Turquía volvió a aparecer su nombre en un contexto similar. Representó a empresarios y opositores que denunciaban haber sido objeto de inspecciones fiscales selectivas, sanciones desproporcionadas y procesos penales paralelos destinados a neutralizar su influencia. En Tailandia, defendió a figuras vinculadas al ex primer ministro Thaksin Shinawatra, en un escenario donde la fiscalidad y la justicia se utilizaban como herramientas políticas. En ambos países, su trabajo contribuyó a desmontar casos construidos sobre pruebas débiles y motivaciones políticas, y logró resoluciones que obligaron a los gobiernos a rectificar o a retirar los cargos.
Ese patrón se repite en América Latina, donde Amsterdam ha asesorado a empresas sometidas a cambios normativos repentinos, inspecciones agresivas o reclamaciones fiscales que buscaban forzar su salida del país. En varios de esos casos, documentados en tribunales internacionales, consiguió que los Estados fueran condenados por violar garantías básicas y utilizar la administración tributaria como mecanismo de presión política o económica.
La “hacienda dual”
Su discurso y sus argumentos -él mismo lo recordaba el domingo en estas páginas- no suelen variar: cuando un Estado quiere destruir a alguien, no siempre necesita policías ni jueces penales; a veces basta con una inspección fiscal. En España, esa visión le ha llevado a denunciar un sistema tributario arbitrario, opaco y con dos velocidades. En su libro sobre la que define como “Hacienda dual”, sostiene que la Agencia Tributaria funciona como una estructura con dos capas: una visible, basada en la ley y en los procedimientos reglados; otra invisible, donde operan criterios discrecionales, presiones internas y decisiones sin la menor lógica jurídica.
La Agencia Tributaria nació formalmente en España en diciembre de 1990, siendo 1992 el año de su definitiva puesta en marcha. Lo hacía con el objetivo de profesionalizar la lucha contra el fraude y dotar al Estado de una estructura moderna de inspección. Con los años, su poder se ha ampliado: más competencias, más capacidad sancionadora y más herramientas tecnológicas, y una cultura interna que, según denuncian críticos como Amsterdam, ha evolucionado hacia un modelo donde el contribuyente es tratado como sospechoso por defecto actuando con discrecionalidad y abuso.
Amsterdam ha criticado abiertamente al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de reforzar una cultura administrativa basada en la sanción. Ha denunciado que la Agencia Tributaria actúa con una discrecionalidad excesiva, que la falta de controles externos permite abusos y que la presión fiscal se utiliza como herramienta política, fomentando un clima de sospecha permanente sobre los contribuyentes, haciendo de la fiscalidad terreno donde el ciudadano se siente indefenso.
Su estilo es combativo, desafiante. No suaviza sus diagnósticos ni evita el conflicto, advierte una y otra vez que un sistema fiscal percibido como injusto erosiona la confianza en el Estado de derecho y desincentiva la inversión, defendiendo además que la seguridad jurídica no depende solo de las leyes, sino de cómo se aplican, y que cuando la administración tributaria actúa sin transparencia, el daño social es profundo y en muchas ocasiones irreparable. Su objetivo -él mismo lo ha dicho en no pocas ocasiones- es demostrar que un sistema tributario puede ser justo, pero también una herramienta de poder injusta, ilegal y dañina.