A continuación se incluye un extracto del artículo publicado en el diario La Razón.
Hacienda cobra antes de escuchar, premia con bonificaciones a quien más recauda y mira hacia otro lado mientras se acumulan cientos de miles de recursos cada año. Una maquinaria sin contrapesos que ha convertido la recaudación en «coacción» y el miedo en método. Así retratan el abogado Robert Amsterdam (R. A.), socio fundador del despacho internacional Amsterdam & Partners LLP, y el fiscalista Christopher Wales (C. W.), que fue asesor de los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown, a la Agencia Tributaria bajo el mandato de Pedro Sánchez. Los dos expertos que llaman «mafia» a Hacienda advierten del precio de estos abusos: más inseguridad jurídica, menos inversión extranjera y un país convertido en un «Estado paria». Tras reunirse el lunes con la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, hablan con LA RAZÓN sin rebajar el tono: amenazan con llegar hasta Estrasburgo y la ONU, y aseguran que su acusación de junio por los casos de corrupción del Gobierno «se quedó corta».
Hablan de coacción, miedo y vulneraciones de derechos fundamentales por parte de Hacienda. ¿Qué responsabilidad es del Gobierno de Pedro Sánchez y qué parte del problema es heredado?
R. A.: El Gobierno de Sánchez heredó algunas de las partes más odiosas de Hacienda como que sea un departamento separado, que los inspectores tengan bonificaciones y que los contribuyentes tengan que pagar el 100% para poder reclamar. Lo que ha pasado con el Gobierno de Sánchez es que la falta de voluntad para intentar coordinar la política fiscal y la política económica ha hecho que Hacienda sea aún más depredadora. Hacienda está enfocada en recaudar, lo cual deriva en una administración tributaria deficiente. Se ha vuelto sumamente peligroso para el país y su economía. Esto se manifiesta, en primer lugar, en la falta de presupuestos durante cuatro años. En segundo, en el uso de herramientas de emergencia para regular asuntos que deberían ser objeto de legislación. En tercer lugar, en la adopción de prácticas predatorias, como aprovechar la inflación para aumentar la carga fiscal. Y, finalmente, en la instauración de un Gobierno que ha politizado gran parte del poder judicial y se ha resistido a cualquier medida para combatir la corrupción. Todo ello ha provocado una grave ruptura de la confianza con los ciudadanos y los contribuyentes.
C. W.: Un Gobierno que lleva tanto tiempo en el poder no puede culpar a su predecesor de la situación actual. Han tenido cerca de ocho años para rectificar, pero no lo han hecho. Al contrario, han empeorado las cosas. Se han producido aumentos espectaculares en la recaudación del impuesto sobre la renta. Este ritmo de incremento es insostenible; no podrá mantenerse, sencillamente porque no existe una base imponible lo suficientemente sólida para sustentarlo. Si yo fuera inspector de Hacienda, me aseguraría de que mis bonificaciones se integraran en mi salario base, aprovechando que ahora son cuantiosas, porque sospecho que, en los próximos dos o tres años, el ritmo de crecimiento caerá.
Este verano presentaron «Hacienda y el Estado dual», un libro en el que califican a Hacienda de «mafia». Entonces revelaron que, tras asociarse con abogados españoles, ya asesoraban en diez casos ante los tribunales españoles. ¿Ha aumentado esa cifra?
R. A.: Estamos trabajando en numerosos procesos. No vamos a dar una cifra, ya que, al no figurar nuestros nombres en los documentos y al contratar a abogados españoles, no pretendemos hacernos pasar por abogados españoles.
Sostienen que los abusos de Hacienda pueden afectar a cualquier contribuyente, pero su iniciativa comenzó centrándose en expatriados acogidos a la Ley Beckham. ¿Qué perfil tienen sus clientes?
R. A.: Creemos que en este momento estamos representando al pueblo español frente a Hacienda. Es cierto que hay personas que financian nuestra labor. Sin embargo, no vamos a revelar quiénes son, ya que sabemos que Hacienda toma represalias.
¿Pero tienen clientes españoles?
R. A.: Sí, desde luego.
Si la Justicia española no ofrece una respuesta satisfactoria a los casos abiertos, ¿están dispuestos a llevar estos casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso ante Naciones Unidas?
R. A.: Sí, estoy dispuesto a llegar ante Dios. Iremos a todas partes. Es necesario. Por otro lado, es demasiado pronto para hablar de las respuestas de organismos internacionales. Si observamos la trayectoria de mi bufete, veremos que, cuando nos hacemos cargo de un asunto, logramos una respuesta a nivel internacional. Nos enfrentamos a la ONU y logramos ganarles. Este es un asunto sencillo. Lo que está haciendo Hacienda es absolutamente contrario al Estado de derecho, al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la normativa de protección de datos. Además, el hecho de no haber contado con un presupuesto en los últimos cuatro años constituye un abuso flagrante de las normas de buen gobierno.
C. W.: Algunos de estos procesos son bastante lentos. Cabe destacar que la OCDE aún no ha publicado el esperado informe de evaluación por pares sobre la participación de España en el procedimiento de acuerdo mutuo, un análisis que se llevó a cabo el año pasado. A principios de febrero, desde la OCDE me indicaron que el análisis del desempeño de España se publicaría en un plazo de dos meses. Sin embargo, sigue sin publicarse. La única explicación plausible es que España está intentando que se modifique el contenido. Todos los países que mantienen relaciones con España a través del procedimiento de acuerdo mutuo, conforme a los tratados, tienen la oportunidad de presentar sus observaciones. Sabemos que varios países han tenido problemas muy serios con España; es probable que hayan dejado constancia de ello durante el proceso de evaluación, y es comprensible que España no desee que esa información salga a la luz. Es posible que estén intentando influir en el resultado.
Han citado a PP, Junts y Vox como partidos receptivos para cambiar Hacienda. Aprovechando su visita a España, ¿se han reunido con formaciones políticas para expresarles sus denuncias, especialmente ante la convocatoria electoral?
R. A.: Bueno, esperamos reunirnos con el señor Sánchez en cualquier momento. Tenemos la intención de reunirnos con todas las partes que estén dispuestas a hacerlo. Si los maoístas desean reunirse, nos reuniremos. Nuestra postura es apartidista. Simplemente nos interesan dos cosas: cambiar la situación actual en Hacienda y fortalecer el Estado de derecho. Se trata de una actividad no política.
C. W.: Tenemos nuestro propio programa de reformas que consideramos necesario llevar a cabo. Por tanto, ponemos esa información a disposición de todas las partes.
¿Confían en que un cambio de Gobierno pueda poner fin a los abusos y las vulneraciones de derechos que denuncian en relación con Hacienda?
R. A.: No me gusta hablar del futuro. Si nosotros no tenemos éxito, lo tendrán los tribunales. Con el tiempo, el Gobierno se dará cuenta de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos -al igual que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE- abarca las vulneraciones del Estado de derecho, incluso en la fiscalidad interna. Todo el mundo daba por sentado que no existía una responsabilidad directa. El marco jurídico está evolucionando, especialmente en España, donde se producen graves violaciones de los derechos humanos en el ámbito tributario, y esto supondrá un cambio.