A continuación se incluye un extracto del artículo publicado en el diario La Razón.
La Agencia Tributaria vuelve al ojo del huracán por su voracidad recaudatoria y su falta de incentivos para atraer inversión. El abogado Robert Amsterdam, socio fundador del despacho internacional Amsterdam & Partners LLP, y el economista y experto fiscal Christopher Wales, que fue asesor de los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown, se dieron cita ayer con miembros de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF) en un encuentro en el que denunciaron que la inseguridad jurídica del sistema tributario español supone una barrera para quienes crean riqueza, invierten, generan empleo y asumen riesgos: los empresarios.
Amsterdam defendió que la potestad recaudatoria debe ir acompañada de garantías que protejan los derechos fundamentales de los contribuyentes, y advirtió de que la lucha contra el fraude no puede servir de coartada. “La seguridad jurídica no es un privilegio, sino una condición esencial del Estado de derecho que exige que la Administración tributaria actúe con proporcionalidad, transparencia y respeto a los derechos de los contribuyentes. La lucha contra el fraude no puede justificar que se trate a quienes invierten, emprenden y generan riqueza como sospechosos por defecto“, denunció.
Wales puso el acento en el impacto en la inversión: “Un sistema tributario debe evaluarse no solo por lo que recauda, sino también por los incentivos que genera. Es fundamental contar con un marco fiscal estable y previsible para atraer inversión, fomentar el ahorro y permitir que las empresas desarrollen su actividad a largo plazo”.
Para la empresa familiar, esa previsibilidad es una cuestión de supervivencia para proyectos “construidos durante generaciones”. Por ello, Antonio Barderas, director de AMEF reclamó un cambio estructural que ponga fin a los excesos tributarios e incentive la inversión. “Necesitamos una reforma fiscal urgente para recuperar la seguridad jurídica en España. En definitiva, un sistema tributario estable, proporcionado y competitivo que dé confianza a quienes emprenden y que permita a las empresas seguir creciendo en España”, señaló.
El encuentro dejó un catálogo concreto de reformas. Los asistentes plantearon eliminar el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, por sus efectos sobre la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y, en particular, de la Comunidad de Madrid; suprimir el “exit tax”, por los obstáculos que puede suponer para la libre circulación de personas y capitales y para la libertad de establecimiento; y revisar el régimen sancionador del Modelo 720, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2022.